Comisiones Obreras de Ceuta

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martes 14 de marzo de 2017

La Ciudad podría estar manteniendo a casi 200 MENA de forma irregular

Trabajadores y responsables de centros del área de menores habrían comunicado, de manera reiterada, de forma verbal y por escrito dicha situación irregular a los responsables del área, los cuales habrían hecho caso omiso.

El Centro de la Esperanza, el cual lleva desde su apertura en su actual ubicación manteniendo una cifra que fluctúa con normalidad alrededor de los 200 menores y que incluso recientemente ha alcanzado la cifra de 220 menores, podría estar manteniendo a un elevado número de MENA que tienen relación habitual y de normalidad con sus familias residentes en las ciudades marroquíes cercanas a la ciudad.
Precisamente, una situación fue denunciado el pasado miércoles por CCOO, el cual alertaba de la precariedad laboral de los trabajadores del Centro de la Esperanza así como que “un gran número de estos ‘MENA’, no lo son, teniendo localizadas a sus familias, padres o tutores en Ceuta, o sus cercanías –Castillejos y Tetuán-, manteniendo un contacto regular con ellos en sus continuas salidas del Centro”.
A raíz de esto y según fuentes consultadas, estos MENA que no lo son, podrían suponer más del 80 por ciento, quienes con normalidad son visitados por sus familias, recibiendo ropa y enseres por parte de estos, e incluso son recogidos en ocasiones para visitar el centro de la ciudad, sus locales comerciales y restaurantes.
Prueba de ello, indicaron a este medio las fuentes consultadas, es que con motivo de las fiestas que celebran la comunidad musulmana el centro se queda casi vacio ya que los menores se desplazan a las viviendas familiares o son recogidos por ellos, para disfrutar en su país de origen y celebrar junto con su familia, las fiestas como el ramadán, el borrego y en ocasiones las fiestas de índole cristiana.
Precisamente, en muchas ocasiones ha ocurrido que cuando estos niños llegan supuestamente a los 18 años, llega su familia con la documentación y resulta que tienen entre 20 y 21 años, le entregan su pasaporte y empiezan a deambular por Ceuta como les da la gana.
Precisamente, fuentes del Ejecutivo local informaron recientemente que el área de menores de la Ciudad recibió a un total de 814 MENA marroquíes durante los tres últimos años y sólamente pudo reagrupar con sus familias a 64 en territorio nacional o de la UE entre 2013 y 2015.
Como si de una residencia de estudiantes se tratara, el Gobierno de la Ciudad asume el coste económico de mantenimiento de cada uno de los menores que residen en el centro, teniendo que asumir un importe aproximado de 74,90 euros por menor y día, inclumpiendo de forma reiterada y presuntamente de forma deliberada, el acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de emigración ilegal de menores no acompañados publicado en el BOE número 70, de 22 de marzo de 2013 firmado por el ministro de Desarrollo Social, de la Familia y de Solidaridad, Abdelrrahim Harouchi por parte del Reino de Marruecos y el anterior ministro socialista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
El sobrecoste de proporcionar alojamiento irregularmente a los MENA, de los que se tiene conocimiento de que sus familias se encuentran perfectamente localizadas o, pueden ser localizadas con facilidad por las autoridades marroquíes aplicando el acuerdo firmado, ascendería a la cifra mensual de unos 450.000 euros, ascendiendo así a la escalofriante cifra anual de 5,4 millones de euros, dependiendo según las fuentes consultadas, del número de menores que en cada momento residan en el Centro de la Esperanza.
En dicho acuerdo se indica claramente que, tras la recepción del menor en el Centro de Menores, “se proporcionará a las autoridades competentes marroquíes, en el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada ilegal del menor en territorio español, toda la información pertinente en relación con la situación de los menores objeto de las medidas de protección. Las autoridades competentes marroquíes procederán a la identificación del menor y de su familia y a la expedición de documentación que demuestre su nacionalidad, en un plazo de tres meses a partir de la entrega de la documentación y/o información sobre el menor por parte de las autoridades competentes españolas”. Requisitos obligatorios de dicho acuerdo que hoy por hoy estarían incumpliéndose presuntamente de manera deliberada desde la firma del mismo por parte de los responsables del Área de Menores.

La Ciudad podría estar manteniendo a casi 200 MENA de forma irregular

martes 14 de marzo de 2017